CHIHUAHUA, México – El exgobernador César Duarte Jáquez se encuentra nuevamente ante la justicia mexicana, ahora en un contexto federal que intensifica su complicado historial judicial. Duarte fue arrestado el 8 de diciembre en la capital del estado tras una orden de aprehensión federal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), basada en acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un cargo diferente al que motivó su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR aclaró que esta medida legal resulta de una orden dictada en mayo de 2024, pero que se ha ejecutado recién ahora, tras recibir autorización para juzgarlo por un cargo distinto.
La acusación federal alega que Duarte está involucrado en presuntos actos de lavado de dinero y desvío de recursos. El exsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó anteriormente que los señalamientos están relacionados con “delitos muy específicos que son el lavado de dinero y el desvío de recursos”. El gobierno federal sostiene que esta nueva imputación se basa en poderes adicionales otorgados a la Fiscalía mexicana tras consultas diplomáticas relacionadas con el proceso de extradición.
Duarte ya había estado bajo arresto en Estados Unidos, donde fue detenido por primera vez en Miami en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa. Esa extradición dio pie a una serie de procesos judiciales y administrativos que, con el tiempo, han ido disminuyendo en cantidad. Su equipo legal afirma que el exgobernador ha logrado resolver 20 de 21 causas penales abiertas en Chihuahua, además de varios procedimientos administrativos.
A pesar de esto, Duarte sigue bajo investigación estatal y el nuevo expediente federal añade una capa más a su situación legal. “Aún está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua”, aseguró su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido el principal portavoz legal del exmandatario a lo largo de este proceso.
La defensa de Duarte sostiene que las acciones de la Fiscalía infringen la regla de especialidad en materia de extradición. Según este principio, una persona extraditada solo puede ser procesada por los cargos aprobados por el país que concedió su traslado. “Es algo que no tiene sentido porque no se ha demostrado lo primero, entonces si no se demuestra lo primero no pueden acusar de lo segundo”, argumentó Mendoza, insistiendo en que no se puede avanzar en nuevas acusaciones sin resolver las iniciales.
La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General marcó un cambio en la dirección procesal del caso. Tras asumir el cargo, la FGR obtuvo autorización para iniciar el procedimiento federal y ejecutar la nueva orden. Según la defensa, esto implica un riesgo de doble juicio, ya que afirman que los hechos ya fueron revisados anteriormente. “El juez de control señala que debería tener la necesidad de detenerlo para obtener el permiso de detenerlo, lo cual es una franca barbaridad”, declaró el abogado, reforzando su interpretación jurídica.
Su equipo legal agrega que esta imputación equivale a reabrir situaciones procesales que ya fueron concluidas o prácticamente agotadas. También argumentan que no existe riesgo de fuga, dado que su cliente siempre se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. Con firmeza, el defensor legal anticipó que Duarte se mantendrá en su postura procesal: se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.
A medida que avanza el expediente, Duarte permanece recluido en el penal federal de El Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad del país. Su defensa buscará que el exmandatario sea capaz de enfrentar el proceso en libertad, señalando además complicaciones médicas, incluidos antecedentes cardíacos y cirugías recientes.
En la antesala de nuevas audiencias, el equipo legal insistió en que el proceso no debe convertirse en un caso politizado. “Que no se tome a las personas como un botín político, sino que podamos resolver todas las situaciones donde hay injusticia, porque donde no hay justicia no hay paz”, afirmó Mendoza, subrayando que el proceso de Duarte representa un desafío a los principios judiciales que deben prevalecer en el país.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
9 Dec, 2025
