Recortes en el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. generan dudas por aumento de deportacionesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tres meses después de que la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, cerrara tres oficinas de supervisión, reduciendo el personal de cientos a una docena, defensores y denunciantes dicen que la medida destruyó un sistema de rendición de cuentas ya frágil.

La supervisión es crucial, ya que al menos 11 personas han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del año fiscal, según datos de la agencia y comunicados de prensa. Con meses aún por delante en el año fiscal, 2025 ya se acerca a las 12 muertes reportadas en todo el año fiscal 2024, mientras la administración Trump continúa con su ofensiva para controlar la inmigración.

Michelle Brané, exdefensora del Pueblo de Detención de Inmigrantes, una oficina que proporciona una supervisión neutral de las detenciones de inmigrantes federales, dijo que el verdadero número de víctimas “podría ser mucho mayor”.

“La vida de las personas está en riesgo”, continuó.

Los cierres han reducido significativamente la supervisión interna en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) gestiona operaciones de inmigración complejas. El departamento también está trabajando para abrir nuevos centros de detención, incluyendo uno en los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, que el presidente Donald Trump visitó la semana pasada.

Los contratistas privados de detención de inmigrantes también están aumentando su presencia: CoreCivic está reabriendo el centro de detención de Dilley y se está expandiendo en cuatro estados, mientras que el grupo GEO está reactivando sitios en Georgia y Newark, Nueva Jersey.

Los defensores han expresado su alarma por la falta de rendición de cuentas, citando condiciones inhumanas, negligencia médica y abusos en algunos centros de detención federales.

“Dado que la administración Trump redobla sus esfuerzos en la aplicación de las leyes migratorias y el número de personas detenidas aumenta rápidamente, deberíamos reforzar la supervisión, no eliminarla”, declaró Katie Shepherd, una de los cientos de empleados afectados por los recortes a la supervisión y una de las docenas de denunciantes, previamente anónimos, que presentaron una denuncia ante el Congreso en mayo. Shepherd se desempeñó anteriormente como asesora principal de políticas en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés).

Shepherd dijo que, hasta donde ella sabe, le preocupa que no se esté llevando a cabo una supervisión significativa porque ahora hay una experiencia mínima dentro de la oficina.

“Es problemático de muchas maneras diferentes”, dijo Shepherd.

Shepherd dijo que la oficina tenía más de 500 investigaciones abiertas cuando ella se fue.

Cuando se le preguntó sobre la cantidad de investigaciones en curso en la oficina del DHS para CRCL, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a CNN que el departamento sigue “comprometido con los derechos civiles”, pero afirmó que “lamentablemente, la oficina de CRCL en realidad socavó las protecciones de los derechos civiles, así como la aplicación básica de la ley federal”.

“Todas las funciones legalmente requeridas se siguen desempeñando, pero de forma más eficiente y rentable, y sin comprometer la misión principal del departamento: proteger la patria”, añadió McLaughlin. “Las oficinas de supervisión siguen recibiendo e iniciando nuevas denuncias e investigaciones”.

En abril, grupos de defensa como Robert F. Kennedy Human Rights, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur demandaron a la administración Trump, argumentando que estaba eliminando ilegalmente las oficinas de supervisión ordenadas por el Congreso.

Según documentos judiciales, el 21 de marzo de 2025, cientos de empleados de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, el Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CISOMB, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Defensor del Pueblo para Detención de Inmigrantes (OIDO, por sus siglas en inglés) fueron suspendidos mediante correos electrónicos masivos, lo que en la práctica provocó el cierre de las oficinas.

La administración Trump argumenta que las oficinas no han sido eliminadas.

Para el 23 de mayo, muchos empleados fueron removidos formalmente de sus funciones, dejando cientos de quejas sin resolver, incluidos informes de negligencia médica y deportación injusta, según documentos judiciales.

Creadas por el Congreso durante las últimas dos décadas, estas oficinas tienen como objetivo proporcionar supervisión independiente, investigar quejas sobre derechos civiles y asegurar la rendición de cuentas dentro de las extensas operaciones de inmigración del DHS.

Los demandantes argumentan que el DHS de Trump está utilizando tácticas contradictorias: afirma ante el tribunal que las oficinas permanecen intactas, mientras propone recortes presupuestarios para eliminarlas. En una presentación, citaron la solicitud presupuestaria de la administración para el año fiscal 2026, que recomienda eliminar los fondos para la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes porque “la oficina se está disolviendo”.

En una presentación judicial reciente, el DHS argumentó que el texto sobre la disolución de la OIDO en su presupuesto para el año fiscal 2026 se concibió como una recomendación del presidente, no como una indicación de las medidas actuales o previstas por la propia oficina, y que, en última instancia, el Congreso tiene la última palabra. La agencia argumentó que la referencia no debe interpretarse como prueba de que las reducciones de personal implicaron el cierre efectivo de la oficina.

“El DHS mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación”, declaró un portavoz del departamento a CNN, reconociendo la reducción del uso de fuerza. “Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del departamento: la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria”.

El portavoz dijo que las oficinas de supervisión “han obstruido la aplicación de la ley migratoria al agregar obstáculos burocráticos y socavar la misión del DHS” y “a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones en lugar de apoyarlas”.

“Parece como si [el gobierno] estuviera jugando”, dijo Michelle Brané, exdefensora del Pueblo de OIDO, refiriéndose a la incertidumbre actual y las señales contradictorias sobre si las oficinas de supervisión están cerrando, reabriendo o reestructurando.

En una declaración jurada ante la jueza federal de distrito Ana Reyes, el DHS expuso sus planes para reconstruir tres oficinas de supervisión que fueron efectivamente desmanteladas después de despidos masivos esta primavera.

Pero aunque el DHS insiste en que está avanzando, los críticos dicen que la reorganización interna cuenta una historia diferente.

Troup Hemenway, oficial interino de CRCL y exlíder del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, afirmó que el DHS está implementando un plan por etapas para restablecer las operaciones mediante una combinación de contrataciones permanentes y personal de detalle. Cada oficina contaría con personal directivo, asistentes sociales y personal de apoyo, y los contratistas asistirían a CRCL durante la transición. Aun así, Hemenway reconoció que la reconstrucción tomaría tiempo y que, por ahora, las oficinas dependen de soluciones a corto plazo.

Los demandantes señalaron que el Proyecto 2025 -la hoja de ruta política de la Fundación Heritage para la próxima presidencia conservadora- exige explícitamente la eliminación de estos organismos de supervisión.

Hemenway también afirmó que Ronald Sartini, ahora Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, fue contratado para reevaluar las funciones que debían asumir las oficinas de supervisión. Anteriormente, ocupó varios puestos de liderazgo en el USCIS, incluyendo el de Jefe de Gabinete de la Dirección de Registros de Inmigración y Servicios de Identidad.

En su declaración, Sartini describió las oficinas como “no un modelo de eficiencia”, alegando mala gestión y duplicación de responsabilidades. Sin embargo, justo antes de su testimonio, el DHS reasignó a su adjunto, aparentemente sin su conocimiento, dejándolo como el único empleado asignado a CISOMB, CRCL y OIDO.

Los demandantes afirman que esto subraya la desconexión entre los planes públicos del DHS y las acciones internas. Argumentan que el trabajo en las oficinas sigue estancado, salvo lo que Sartini puede hacer solo, mientras que el DHS sigue afirmando en documentos oficiales que las oficinas se están eliminando “en su totalidad”.

Brané, quien dirigió la OIDO durante más de nueve meses, afirmó que incluso antes de los recortes, la dotación de personal representaba un gran desafío. La oficina se creó para realizar inspecciones sin previo aviso, investigar quejas de detención y recomendar mejoras en la supervisión de las instalaciones del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Según el plan de reestructuración de Hemenway, OIDO tendría entre ocho y 10 empleados: el Defensor del Pueblo, un adjunto, entre cinco y siete trabajadores sociales y una persona dedicada a tareas de informes y apoyo.

Brané dijo que esto sería insuficiente, especialmente porque el número de personas detenidas aumenta.

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