San Diego, CA – Una jueza federal en California ha emitido un fallo decisivo que podría cambiar el destino de miles de inmigrantes detenidos en Estados Unidos. La decisión obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a derogar una política instaurada en 2025 que prohibía las audiencias de fianza para las personas arrestadas dentro del país, incluidas aquellas sin antecedentes penales.
Este cambio ha generado un rayo de esperanza entre abogados, familias y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes ven en esta resolución el restablecimiento de un derecho fundamental al debido proceso.
El abogado de inmigración, Hugo Iván Salazar, destacó que este fallo representa una transformación significativa:
“Esta demanda colectiva es un golpe directo a la administración de Trump y a la política en contra de fianzas para la comunidad migrante que se encuentra detenida en los centros de detención.”
La jueza federal Sunshine Sykes concluyó que la política del DHS infringía el debido proceso al negar automáticamente las audiencias de fianza a los inmigrantes arrestados en el país. Muchos de ellos son residentes de larga data y no poseen un historial criminal significativo.
Datos de Tracereports.org revelan que, de los 65,135 inmigrantes arrestados por ICE, 47,964 —el 73%— no tienen antecedentes penales, según información actualizada al 16 de noviembre de 2025. En la mayoría de los casos, los únicos registros son infracciones menores, como violaciones de tránsito.
Salazar subrayó que esta decisión permitirá que muchos inmigrantes enfrenten su proceso judicial fuera de los centros de detención:
“Esta nueva política lo cambia todo, porque les brinda a estas personas la oportunidad de luchar por su caso desde casa, estar con sus familias y trabajar para mantenerlas, en lugar de estar encerrados en un centro de detención.”
La política eliminada clasificaba a muchos inmigrantes arrestados dentro del país como “solicitantes de admisión”, lo que permitía al gobierno argumentar que podían ser detenidos indefinidamente y sin el derecho a solicitar fianza.
Con esta acción judicial, ahora tendrán acceso a una audiencia ante un juez de inmigración, quien evaluará si representan un riesgo para la comunidad o un potencial riesgo de fuga.
Salazar aclaró que la resolución no aplica a las personas que se presentaron en la frontera:
“Esto solamente se aplica a las personas que han ingresado de manera indocumentada y que fueron capturadas dentro del país. No se aplica a quienes se presentaron en la frontera. Estas personas todavía deben someterse al proceso de ‘parole’, que normalmente no ocurre.”
El fallo tiene un alcance nacional y beneficiará a todos los inmigrantes detenidos bajo esta política, salvo aquellos con antecedentes criminales específicos o bajo procedimientos de deportación acelerada.
Por ahora, la orden está en vigor, y los jueces de inmigración deberán reanudar las audiencias de fianza para quienes las soliciten. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha indicado si apelará la decisión.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Heder Casas
1 Dec, 2025
