De Noticias Midland – CONDADO DE BROWN, Texas — Un fallo judicial sin precedentes en el ámbito de los derechos civiles de Texas ha sido emitido por el juez de distrito civil Mike Smith, determinando que los profesionales médicos tienen inmunidad legal al denunciar a padres ante el Servicio de Protección Infantil (CPS), basándose únicamente en la sospecha de que los progenitores puedan tener autismo.
Esta resolución ha desatado una intensa controversia jurídica y ha provocado preocupación en varias organizaciones civiles dedicadas a defender los derechos de las personas con discapacidad y los derechos parentales en el estado.
Un diagnóstico erróneo y dos años de separación familiar
El dictamen surgió de una demanda de derechos civiles interpuesta por la abogada Ashley Thompson representando a Joel y Donelle, una pareja de padres. Según la demanda, su hija, Rose, fue retirada por las autoridades estatales y mantenida bajo custodia del CPS durante dos años y medio debido a presunciones erróneas del personal clínico.
Según los archivos del caso, médicos del Hendrick’s Medical Center y de la clínica Pediatrics of Brownwood documentaron reiteradamente que los padres presentaban autismo y, por lo tanto, carecían de las capacidades necesarias para la crianza de la niña.
Los detalles centrales del litigio exponen las siguientes anomalías:
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Falso origen de la condición médica: Inicialmente, los médicos culparon a los padres por el desarrollo lento y bajo peso de la niña, catalogándolo como negligencia parental derivada de su supuesta condición neurológica.
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Confirmación genética: Estudios posteriores demostraron que la condición física de la niña obedecía a un factor puramente genético, posibilidad que los propios padres habían planteado formalmente a los doctores desde el inicio de las evaluaciones.
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Intervención en la indagatoria: La demanda afirma que los médicos no se limitaron a emitir el reporte inicial, sino que participaron activamente y de manera constructiva coordinando gran parte del proceso de investigación junto con los trabajadores sociales del CPS.
Argumentación legal y ratificación de inmunidad
Durante la audiencia de comparecencia, los asesores legales de los centros médicos involucrados no negaron las acusaciones de haber fundamentado sus reportes en una percepción de discapacidad. Por el contrario, basaron su defensa en argumentar que la legislación de Texas les otorga inmunidad civil total frente a demandas cuando actúan en calidad de notificadores de presunto peligro infantil.
El juez Mike Smith formalizó este criterio, emitiendo una orden judicial que ratifica que es legalmente permisible para los médicos reportar al CPS bajo la sospecha de que un padre vive con una discapacidad, protegiéndolos contra reclamaciones financieras o de reparación de daños.
Reacción de organizaciones civiles
La organización Family Freedom Project (FFP), que ha apoyado legal y financieramente la defensa de la familia, condenó enérgicamente el fallo del juez Smith. Jeremy Newman, vicepresidente de la institución, emitió una postura oficial sobre las implicancias del dictamen:
“La idea de que los médicos tienen inmunidad para reportar a los padres al CPS y desintegrar familias basándose en una percepción de discapacidad debería ofender la conciencia de cada persona en Texas, y debería aterrorizarnos a todos. Es de un nivel de egoísmo escandaloso que estos médicos piensen que pueden infligir esto a las familias, culpar a esos padres de problemas de salud que luego se demostró que eran genéticos, y luego alejarse encogiéndose de hombros diciendo: ‘Vaya, tenemos inmunidad’”.
El fallo establece un precedente que, según expertos en derecho familiar, amplía el poder discrecional de las instituciones médicas y de asistencia social sobre los núcleos familiares sin rendición de cuentas. A más de dos años de haber sido separados de su hija Rose, Joel y Donelle mantienen activos los recursos de apelación en tribunales superiores con el objetivo de revertir la orden y lograr la reunificación de su familia.
Conclusión
El dictamen emitido en el Condado de Brown trasciende el caso particular de Joel y Donelle al establecer una pauta donde el juicio subjetivo de un médico sobre la salud mental o neurológica de un padre es suficiente para activar la remoción infantil sin temor a consecuencias legales. La resolución del juez Smith traslada ahora el debate a las cortes de apelación de Texas, donde se confrontará la delgada línea entre la protección preventiva del menor y la discriminación sistémica por motivos de discapacidad percibida.
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Fuente original: Noticias Midland-Odessa
Por Frida Acuna
8 Jun, 2026
