Derechos Penitenciarios en Colorado: Investigaciones Federales sobre Uso de Fuerza y Atención MédicaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Por Karen Gutierrez, Univision — Denver, Colorado | 8 de diciembre de 2025

El sistema penitenciario de Colorado se encuentra bajo un escrutinio federal sin precedentes tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de una investigación formal para determinar si las prisiones estatales y los centros juveniles de detención están infringiendo los derechos constitucionales de las personas bajo custodia. Esta evaluación, revelada el lunes por la administración Trump, abarca desde el uso excesivo de la fuerza hasta la atención médica, la nutrición y las políticas referentes a personas transgénero encarceladas.

La investigación se dirige a la Departamento de Correcciones de Colorado (DOC) y la División de Servicios Juveniles (DYS), que son responsables de supervisar a los adultos encarcelados y a los menores en detención. En una carta al gobernador Jared Polis, el DOJ indicó que su pesquisa busca evaluar las “políticas y prácticas” dentro de estas agencias para establecer si cumplen con la Constitución y las normativas federales.

Derechos constitucionales bajo la lupa

“La Constitución protege a cada estadounidense, ya sea un joven confinado en una instalación juvenil o una persona mayor en prisión”, afirmó la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon en un comunicado oficial. El DOJ enfatizó que su misión es garantizar que ninguna persona sufra “maltrato inconstitucional” mientras se encuentra bajo custodia estatal.

La investigación se centrará en tres áreas clave en las 21 prisiones del DOC:
• Adecuación de la atención médica.
• Condiciones seguras, higiénicas y sanitarias.
• Políticas relacionadas con la separación y protección de personas transgénero.

El departamento también está evaluando si Colorado está fallando en prevenir el uso excesivo de la fuerza en sus 12 centros juveniles y en garantizar una nutrición adecuada para los menores detenidos.

Política de vivienda de personas trans en el centro del debate

La administración Trump también enfocará su atención en la política estatal que regula dónde se alojan las personas transgénero en las prisiones. Según la carta enviada a Polis, uno de los objetivos es determinar si el DOC “viola el derecho de los prisioneros y detenidos a practicar su religión al alojar varones biológicos en unidades designadas para mujeres”.

Esta línea de investigación ocurre en un contexto político donde el presidente Trump ha intensificado sus críticas hacia políticas consideradas “inclusivas” en estados demócratas. Colorado aún no ha emitido una respuesta oficial; un portavoz de Polis no estuvo disponible para comentarios.

Contexto político: el caso de Tina Peters

El anuncio del DOJ coincidió con la negativa de las autoridades de Colorado a aceptar la solicitud del presidente Trump para trasladar a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa, desde la prisión estatal a una federal. Peters cumple una condena de nueve años por delitos relacionados con elecciones.

Aunque un tribunal federal también rechazó su solicitud más reciente, el presidente Trump ha presionado públicamente por su liberación y tildó al gobernador Polis de “corrupto” tras la negativa estatal al traslado. Un funcionario del DOJ aseguró que se trabaja para liberar a Peters, aunque la investigación anunciada no la menciona directamente.

Denuncias previas y condiciones documentadas

La pesquisa federal se produce después de múltiples reportes sobre problemas en las instalaciones juveniles de Colorado. En noviembre, padres denunciaron al Denver Post que sus hijos estaban perdiendo peso de forma alarmante en el Sistema de Delincuentes Jóvenes de Pueblo debido a la falta de alimentos. Uno de esos menores, un joven de 22 años, fue hospitalizado por falla renal asociada con malnutrición, según su familia.

La preocupación pública llevó al estado a modificar políticas internas sobre compra y acceso a alimentos.

Un reportaje de marzo reveló informes internos críticos que documentaban:
• Acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal.
• Lesiones graves sufridas por adolescentes durante restricciones físicas.
• Ingreso de drogas ilícitas en instalaciones seguras.
• Alegaciones de relaciones inapropiadas entre empleados y jóvenes bajo su custodia.

La situación alcanzó un punto crítico en agosto, cuando la DYS trasladó a todos los jóvenes sentenciados del Centro de Servicios Juveniles Lookout Mountain, ubicado en Golden, citando “condiciones de seguridad en deterioro”.

¿Qué podría venir?

La investigación federal podría resultar en acuerdos obligatorios, cambios operativos amplios o intervenciones supervisadas por tribunales. También puede influir en debates legislativos relacionados con reformas penitenciarias, políticas de protección juvenil, atención médica en prisiones y regulación del alojamiento de personas transgénero.

A medida que Colorado continúa lidiando con los hallazgos de reportes periodísticos y testimonios de familiares, el anuncio del DOJ representa un momento crucial para dos sistemas que han enfrentado críticas prolongadas sobre su capacidad de proteger a quienes están bajo su custodia.

La evolución del caso será monitoreada de cerca tanto por defensores de derechos civiles como por autoridades estatales que deberán hacer frente a un escrutinio federal que podría reconfigurar en profundidad la operación de prisiones y centros juveniles en Colorado.