Este viernes entró en vigor una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos que modifica los criterios para determinar si un solicitante de residencia permanente (green card) podría convertirse en una “carga pública” para el Estado.
La medida amplía de manera significativa los factores de evaluación gubernamental al incluir, por primera vez, la recepción de beneficios públicos no monetarios como cupones de alimentos (food stamps) y cobertura médica a través de Medicaid, dentro del expediente del solicitante. Anteriormente, las autoridades solo consideraban la dependencia de programas de asistencia en efectivo, como el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).
Perspectiva gubernamental: El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la actualización de la regla busca garantizar la autosuficiencia económica de las personas que ingresan o residen de forma permanente en el país.
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Postura de los detractores: Grupos de oposición defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que la medida generará un efecto disuasorio, provocando que familias de bajos ingresos desistan de solicitar atención médica o asistencia alimentaria indispensable para sus hijos, aun cuando estos sean ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
La aplicación de esta regulación se da en medio de disputas legales, ya que diversas organizaciones y gobiernos locales han presentado recursos ante las cortes federales para intentar frenar o revocar la norma.
Fuente original: Noticias New Mexico
18 Sep, 2026
