Agencias funerarias de Tijuana protestan contra la corrupción en la entrega de cuerposEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las calles de Tijuana se convirtieron en un escenario inusual y perturbador: carrozas fúnebres avanzando lentamente y féretros expuestos en plena vía pública. Esta manifestación, organizada por la unión de agencias funerarias, denunció lo que consideran actos de corrupción en el manejo y la entrega de cuerpos por parte de las autoridades.

La protesta tenía como objetivo visibilizar una problemática que, según afirman, afecta al sector funerario y a las familias en duelo desde hace al menos dos años, quienes enfrentan presiones y condicionamientos en momentos ya de por sí vulnerables.

Los manifestantes señalaron que la fiscalía de Baja California ha otorgado exclusividad a ciertas empresas para el levantamiento de cuerpos, dependiendo del tipo de fallecimiento. Héctor Abasolo, director de una agencia funeraria, fue contundente en su acusación.

“Ciertos actores internos de la fiscalía han estado beneficiando y apoyando solo a un par de agencias funerarias en Tijuana, beneficiándose literal de los procedimientos de levantamiento de los cuerpos”, denunció.

De acuerdo con los manifestantes, una sola empresa se encarga de los levantamientos de cuerpos por homicidios dolosos, mientras que otra ha asumido la responsabilidad por muertes naturales. Esta situación, argumentan, no solo limita la competencia justa, sino que también retrasa la entrega de los cuerpos y prolonga el sufrimiento de los familiares.

Los trabajadores funerarios explicaron que, en casos de fallecimientos ocurridos en hogares, el proceso se convierte en un verdadero punto crítico. Iván L. Alvarado, empleado de una agencia funeraria, afirmó que, incluso cuando las familias ya han pagado por planes funerarios, enfrentan presiones por parte de las autoridades.

“En los fallecimientos a domicilio, cuando una persona muere, un médico acude al hogar. Una vez que se confirma la defunción, se debe reportar a la fiscalía, y al llegar, las familias que tienen planes funerarios pagados son intimidadas si no permiten que se los lleven al servicio médico forense”, explicó.

Las agencias funerarias sostienen que estas prácticas fuerza a los dolientes a contratar servicios de las empresas favorecidas, a pesar de que ya habían tomado decisiones previas sobre el manejo de los cuerpos.

Un médico legista que fue responsable del registro de defunciones respaldó estas denuncias, afirmando que los procedimientos descritos no se ajustan a la ley. Pedro García explicó que no existe justificación legal para retener cuerpos en casos de muerte natural.

“La única condición para levantar un cuerpo es que sea una muerte violenta. Si hay un enfermo, con una autopsia legal, se realiza el dictamen, no hay razón para que se lo lleven al SEMEFO”, aclaró.

En la manifestación participaron 24 agencias funerarias, cuyos representantes afirmaron que estas prácticas irregulares han causado severas afectaciones económicas, dejando sin ingresos a cientos de familias que dependen de este sector.

Noé Herrera, representante de una agencia funeraria, subrayó que el principal impacto recae sobre aquellos que están en duelo. “Finalmente, a quienes afectan directamente son a los dolientes, a nosotros como empresa, los que pierden a un familiar, dañando tanto su parte económica como la psicológica”, expresó.

La protesta buscó exigir transparencia y un cambio en las estrategias de la fiscalía.

Las agencias funerarias reiteraron su demanda de una explicación clara sobre los criterios para la liberación de cuerpos y advirtieron que seguirán alzando la voz hasta obtener una respuesta oficial.