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ACLU demanda a San Diego por uso de cámaras de vigilancia y lectores de matrículas

La organización de derechos civiles sostiene que estas tecnologías podrían vulnerar las protecciones de privacidad en California y advierte sobre el posible acceso de agencias migratorias a la información. La policía defiende su uso como una herramienta para investigar delitos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la ciudad de San Diego y el Departamento de Policía de San Diego por el uso de lectores automatizados de matrículas y otras tecnologías de vigilancia, incluido el sistema de Flock.

La organización sostiene que estas prácticas podrían violar las protecciones de privacidad establecidas en la Constitución de California.

ACLU cuestiona la cantidad de información que recopilan las cámaras

Frederick Carroll, director legal de ACLU San Diego, explicó que las cámaras no se limitan a registrar una matrícula de manera aislada.

De acuerdo con la organización, estos sistemas pueden recopilar información sobre los vehículos, como su color, calcomanías y otras características, además de registrar a personas que se encuentren cerca.

Carroll también cuestionó los riesgos que, según ACLU, implica la recopilación y almacenamiento de grandes cantidades de información.

“Esta no es la clase de tecnología que nos mantiene a salvo. Es el tipo de tecnología que resulta peligrosa en cualquier mano”, afirmó Carroll.

Preocupación por el posible uso de información con fines migratorios

Líderes comunitarios que trabajan con la población inmigrante también han expresado preocupación por la posibilidad de que los datos recopilados mediante estos sistemas puedan terminar en manos de agencias migratorias.

Pedro Ríos, director del Comité de Amigos, señaló que el uso de tecnologías de vigilancia genera especial preocupación entre comunidades que podrían verse afectadas por operativos migratorios.

“Es un paso muy importante para las comunidades que son afectadas por el uso de tecnologías de vigilancia”, dijo Ríos.

Ríos también sostuvo que las autoridades migratorias han utilizado tecnologías de este tipo para localizar y detener a personas que posteriormente podrían enfrentar procesos de deportación.

Por su parte, el Departamento de Policía de San Diego ha defendido el uso de los lectores de matrículas y otras herramientas de vigilancia como apoyo para las investigaciones criminales.

El teniente César Jiménez explicó que la información recopilada se conserva durante 30 días y puede ser utilizada cuando las autoridades reciben información sobre un vehículo relacionado con un delito.

“Esto ayuda a encontrar a gente que estamos buscando, ya sea por un robo, por un homicidio, donde dan la información de un vehículo y nos ayuda a encontrar”, explicó Jiménez.

Según las autoridades, la tecnología ha sido utilizada como una herramienta adicional para localizar vehículos vinculados con investigaciones.

La ciudad cuenta con alrededor de 500 ubicaciones equipadas con cámaras inteligentes y tecnología de reconocimiento de matrículas.

El uso de estos sistemas ha generado un debate entre quienes destacan su utilidad para investigar delitos y quienes advierten sobre los posibles riesgos para la privacidad y la recopilación masiva de información.

ACLU también ha presentado demandas relacionadas con tecnologías de vigilancia en otras jurisdicciones.

La ciudad de San Diego fue contactada para conocer su postura sobre la demanda. Funcionarios municipales informaron que, debido a que se trata de un litigio pendiente, la ciudad no hará comentarios por el momento.

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