San Diego, California. — Un informe reciente ha generado alarma entre organizaciones comunitarias al revelar un aumento significativo en el número de personas no ciudadanas transferidas desde cárceles del condado de San Diego a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según los datos más recientes, estas transferencias casi se triplicaron en un año, aumentando de 30 casos en 2024 a 83 en 2025.
Para los defensores de los derechos de los migrantes, el incremento es preocupante. Pedro Ríos, director del Comité de Amigos, destacó que la situación genera inquietud dentro de la comunidad. “Es una situación muy preocupante de que sean tantos casos”, expresó.
La situación fue discutida recientemente durante una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, donde activistas cuestionaron a la jefa del alguacil, Kelly Martínez, sobre los motivos detrás del incremento.
Según Ríos, las respuestas no fueron claras.
“Era casi como si buscara evadir el tener que contestar preguntas… preguntas que está obligada a responder y que detallan el por qué su oficina se vio con la necesidad de trasladar a personas hacia otras entidades del gobierno federal”, afirmó.
Por su parte, la alguacil Kelly Martínez explicó que el aumento responde principalmente a un incremento en órdenes judiciales federales emitidas por ICE.
Las autoridades indicaron que muchos de los detenidos transferidos tenían antecedentes por delitos graves como asesinato, agresión, secuestro o abuso infantil. No obstante, también se reportaron casos de personas con condenas no violentas, incluso de años anteriores.
Organizaciones civiles advierten que estas acciones podrían entrar en conflicto con las leyes santuario de California, diseñadas para limitar la cooperación con autoridades federales de inmigración.
De acuerdo con estas leyes, las transferencias solo deben ocurrir bajo condiciones específicas, como la existencia de una orden judicial federal o en casos de delitos graves.
El informe también revela que en 2025 ICE solicitó información sobre 1,082 reclusos. De esas solicitudes, la oficina del alguacil rechazó la mayoría y solo compartió información en 188 casos.
A pesar de ello, el año cerró con el mayor número de transferencias desde 2018.
Frente a este panorama, activistas demandan que el condado de San Diego adopte medidas más estrictas, similares a las implementadas en Los Ángeles, donde se promueve una política de “cero transferencias” de reclusos a ICE.
Sostienen que esta medida ayudaría a proteger a las comunidades migrantes y a garantizar el cumplimiento de las leyes estatales.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Heder Casas
6 Apr, 2026
