RENO, NV — En un esfuerzo por preservar la integridad institucional, la administración municipal de Reno ha decidido colocar a la jefa de policía, Kathryn Nance, y a otros cinco miembros del Departamento de Policía de Reno (RPD) en licencia administrativa remunerada. Esta medida se toma tras acusaciones de posibles violaciones a las políticas de la ciudad, lo que ha llevado a una reestructuración inmediata en el mando de la fuerza pública.
La administradora municipal, Jackie Bryant, anunció que la ciudad ha solicitado formalmente al Departamento de Seguridad Pública de Nevada que coordine la investigación policial, asegurando un proceso objetivo y libre de influencias internas. Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes 9 de marzo, Bryant describió la situación como «molesta, por decir lo menos», y destacó que la licencia administrativa es una medida procesal que no implica un hallazgo de culpabilidad.
Para cubrir el vacío de liderazgo, Reno ha firmado un acuerdo interlocal con la Oficina del Sheriff del Condado Washoe. Según este acuerdo, un oficial de alto rango de la oficina asumirá temporalmente el rol de jefe interino, operando desde las instalaciones del RPD, mientras que la administración municipal mantendrá la supervisión ejecutiva.
La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, enfatizó la importancia de la transparencia en este proceso. «La seguridad pública y el mantenimiento de la confianza de nuestra comunidad son nuestras prioridades más altas», declaró Schieve. «Cuando surgen inquietudes relacionadas con el liderazgo del Departamento de Policía de Reno, es nuestra responsabilidad abordarlas de manera reflexiva y transparente, garantizando al mismo tiempo la seguridad de nuestros residentes».
A pesar de la agitación en los niveles superiores, las autoridades han asegurado que los servicios policiales para los ciudadanos de Reno continuarán sin interrupciones. El RPD seguirá operando bajo sus políticas y procedimientos establecidos durante el tiempo que dure la investigación policial.
Nance, quien asumió el cargo en febrero de 2023, y los otros cinco oficiales —cuyas identidades no han sido reveladas— mantienen sus derechos al debido proceso conforme a la ley y los acuerdos de negociación colectiva.
Fuente original: Noticias Reno
Por Usiel Teran
9 Mar, 2026
