Exclusivo: Gobierno Trump notificará a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que su estatus legal fue canceladoEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) notificará el jueves a cientos de miles de inmigrantes que su permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que deben abandonar el país, según una copia del aviso obtenida por CNN.

El aviso de cancelación estará dirigido a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos a través del ‘parole’ humanitario del Gobierno de Joe Biden. Más de medio millón de personas de esos cuatro países se beneficiaron del programa, aunque se desconoce cuántas han solicitado otras formas de asistencia migratoria desde entonces mientras se encuentran en Estados Unidos. El aviso, según el DHS, se envía a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los participantes del programa.

“Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado”, dice el aviso. “Si no se va, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo, entre otras, la detención y la expulsión, sin la oportunidad de hacer trámites personales y regresar a su país de manera ordenada”.

El aviso también indica que los permisos de trabajo vinculados al programa serán revocados y ordena a las personas beneficiadas con el ‘parole’ que los devuelvan al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La medida del jueves es el último paso en el agresivo y amplio esfuerzo de la administración de Trump para alentar o forzar la salida de millones de inmigrantes del país, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en el país.

La administración de Biden anunció en 2023 que otorgaría un ‘parole’ humanitario a inmigrantes calificados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se sometieran a la revisión de las autoridades en lugar de intentar ingresar al país ilegalmente. Los solicitantes debían tener un patrocinador estadounidense y superar una verificación de seguridad.

El programa se convirtió en un punto de conflicto político, debido a que los republicanos argumentaron que la administración abusó de la autoridad de la libertad condicional y se extralimitó al establecer el programa para esos países. En ese momento, los funcionarios de Biden atribuyeron al programa la reducción de los cruces fronterizos al proporcionar, en cambio, una vía para que los inmigrantes solicitaran la migración legal a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó un decreto en su primer día de mandato que buscaba poner fin unilateralmente al programa. Esa medida generó impugnaciones legales que finalmente llegaron a la Corte Suprema, lo que permitió a Trump retirar las protecciones a los beneficiarios del programa de libertad condicional.

“Finalizar los programas de ‘parole’ humanitario, así como los permisos de quienes se aprovecharon de ellos, será un regreso necesario a políticas sensatas, un retorno a la seguridad pública y un retorno al principio de Estados Unidos Primero”, dijo a CNN la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Si bien la decisión de emergencia de la Corte Suprema no es definitiva (el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores), la orden permitió al Gobierno acelerar las deportaciones de aproximadamente 530.000 inmigrantes que anteriormente se habían beneficiado del programa.

El gobierno de Trump dijo ante la Corte Suprema que su decisión de cancelar la libertad condicional a los inmigrantes en cuestión fue una de las decisiones de política migratoria más trascendentales que ha tomado. Según el gobierno, las órdenes de tribunales inferiores que bloquearon temporalmente su política trastocaron “políticas migratorias cruciales, cuidadosamente diseñadas para disuadir la entrada ilegal, lo que invalidó prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y desmanteló políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre”.

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