La Corte Suprema decidió este viernes tomar un caso crucial que evaluará si el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto es constitucional, lo que dará a los jueces la oportunidad de revisar un principio legal que se considera fundamental desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, la corte se adentra en una controversia que había evitado a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos relacionados con la gestión de los tribunales inferiores respecto a los cuestionamientos sobre esta política.
A pesar de que los argumentos legales presentados por la apelación del Gobierno de Trump han sido considerados marginales, incluso por algunos conservadores, el caso seguramente captará la atención durante el período de sesiones de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Este caso representa otra prueba de la disposición de la corte para aceptar argumentos legales innovadores provenientes de la Casa Blanca.
Un fallo a favor de Trump alteraría un principio constitucional de larga data y tendría serias implicaciones prácticas para los ciudadanos estadounidenses que podrían enfrentar nuevos obstáculos para documentar a sus recién nacidos.
La corte escuchará los argumentos el próximo año y se espera que emita una decisión para finales de junio.
“No hay quizás ningún tema, desde el inicio de esta administración, en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto”, afirmó Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema en CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Ya sea porque viola los estatutos relevantes, la propia Decimocuarta Enmienda o la interpretación autorizada de esa disposición constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898, la conclusión es la misma”, añadió. “Aunque la Corte apoyó a Trump a principios de este verano cuando solicitó que se limitaran las medidas cautelares contra esta política, ahora que el caso regresa para ser considerado en su fondo, hay razones para creer que incluso esta Corte podría fallar en su contra; la verdadera pregunta será cuál de los múltiples fundamentos posibles utilizará”.
Dos décadas después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema decidió en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark que las personas nacidas en Estados Unidos —como en el caso del hijo de inmigrantes chinos— tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con algunas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump ha argumentado en su apelación que este precedente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía que establece la decisión de 1898, el Gobierno de Trump le comunicó a la Corte Suprema en sus apelaciones que esta interpretación era “errónea” y que había llevado a “consecuencias destructivas”. Trump ha incluido el fin de la ciudadanía por nacimiento en el eje central de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados recientemente y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”, argumentó ante la Corte Suprema el procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno.
Aunque la Corte Suprema emitió una decisión importante en junio que tocaba el decreto de Trump respecto a la ciudadanía por nacimiento, ese caso se centró en una cuestión más procesal relacionada con cuánta autoridad tienen los tribunales inferiores para detener una política implementada por un presidente. Una mayoría de 6-3 limitó —aunque no eliminó completamente— el poder de los tribunales para bloquear tales políticas.
Después de la decisión de la Corte Suprema, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue rápidamente detenida nuevamente por tribunales utilizando otros métodos y nunca se implementó.
Los tribunales inferiores, compuestos tanto por jueces conservadores como progresistas, se habían pronunciado en contra del decreto del Gobierno.
“Su caso no es más que una mezcla de declaraciones históricas incorrectas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas y, sobre todo, preferencias de política”, argumentaron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que representan a los demandantes individuales ante la Corte Suprema este año.
La Corte acordó escuchar los argumentos en un caso de un juez de Nueva Hampshire que prohibió la implementación del decreto de Trump contra cualquier bebé afectado por la política en una demanda colectiva presentada por la ACLU.
Sin embargo, no aceptó otro caso separado que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, que confirmó la decisión de un juez en Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional en un caso presentado por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia probablemente radica en quién estaba demandando: el caso del Noveno Circuito involucraba la cuestión de si los estados tenían legitimación para demandar por esta política.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE” afirmaba que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a ningún niño nacido en territorio estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o que estuvieran legalmente, pero de manera temporal.
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Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
5 Dec, 2025
