Gobernadora Kelly Defiende la Privacidad de Datos en Medio de Presiones Federales sobre el Programa SNAPEricks Webs DesignEricks Webs Design

Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, se encuentra nuevamente bajo presión por parte del gobierno federal después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) comunicara su intención de retener fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para varios estados, incluido Kansas. Esta tensión se debe al rechazo por parte de numerosos estados de las solicitudes de datos personales de miles de beneficiarios.

La polémica ha estallado en medio de crecientes tensiones entre la administración Trump y al menos 22 estados gobernados por demócratas, que han calificado el requerimiento federal como ilegal, invasivo y contrario a las protecciones de privacidad.

¿Cuál es la exigencia del USDA y por qué se oponen los estados?

Desde febrero, el USDA ha solicitado a todos los estados que proporcionen información personal detallada de los beneficiarios de SNAP. Según los funcionarios federales, esto tiene el propósito de identificar a ciudadanos estadounidenses que estarían recibiendo beneficios de manera indebida.

Los estados afectados, incluida Kansas, argumentan que la petición no tiene respaldo legal, infringe la privacidad de los residentes y podría poner en riesgo sus protecciones constitucionales. Para estas administraciones, ceder a la orden federal sentaría un precedente peligroso en la gestión de programas sociales.

En respuesta, la administración Trump ha anunciado que retendría los fondos administrativos de SNAP, lo que podría dificultar el funcionamiento logístico de los programas de asistencia alimentaria en Kansas, especialmente en áreas rurales o de alta pobreza.

Kelly: “No tengo ningún interés en que la gente pase hambre”

Enfrentada al anuncio del USDA, la gobernadora Kelly manifestó con firmeza su postura. El miércoles aseguró que no cederá ante las presiones para entregar datos privados de los residentes.

“No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, afirmó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Estoy en una situación difícil. Debo proteger la privacidad de las personas y también debo proteger su mesa de comedor”.

Kelly mencionó que está colaborando con su equipo legal para evaluar los pasos a seguir, lo que indica la posibilidad de que Kansas nuevamente desafíe la medida en las cortes federales.

Un conflicto recurrente

No es la primera vez que la administración Trump intenta sancionar a Kansas por negarse a proporcionar información sobre los beneficiarios de SNAP. En septiembre pasado, el USDA notificó al estado que podría retraer más de $10 millones en fondos relacionados con el programa.

Esa medida no se ejecutó, ya que la gobernadora apeló la decisión, llevando el caso a los tribunales, donde todavía se encuentra bajo revisión. Sin embargo, el nuevo anuncio sugiere que la administración federal está dispuesta a reavivar este conflicto.

Analistas advierten que, si se concretan los recortes, miles de familias podrían enfrentar demoras en la distribución de beneficios, dado que los fondos administrativos financian al personal, los sistemas, la verificación de elegibilidad y otros componentes operativos esenciales.

¿Qué está en juego para Kansas?

El programa SNAP es un recurso vital para miles de hogares en el estado. A pesar de que los beneficios directos para alimentos no se están eliminando, la suspensión de los fondos administrativos podría causar:

• Menos personal para procesar solicitudes
• Retrasos en la verificación de casos
• Tiempos de espera más largos
• Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de ayuda

Además, organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre puede desmotivar a las familias elegibles de solicitar beneficios por miedo a la exposición de datos o a posibles cambios en los requisitos.

Un debate nacional sobre privacidad y elegibilidad

El conflicto en Kansas es parte de un debate más amplio sobre la gestión de datos sensibles en programas sociales por los estados. Las administraciones locales temen que la entrega de listas con información personal de beneficiarios sea utilizada para fines ajenos a SNAP o para sanciones contra personas vulnerables.

Para la administración Trump, la transparencia es esencial para identificar abusos dentro del programa. Por otro lado, los estados sostienen que la exigencia federal supera la autoridad del USDA y plantea riesgos legales y éticos.

¿Qué sigue?

Kelly reiteró su compromiso de proteger la privacidad de los residentes mientras asegura que las familias no pierdan acceso a la asistencia alimentaria. Su equipo legal estudia opciones que incluyen nuevas apelaciones y posibles demandas.

Por el momento, Kansas permanece entre los 22 estados que resisten la presión, mientras la administración federal considera cómo y cuándo aplicará los recortes. El impacto final dependerá de las decisiones en el ámbito judicial y de la respuesta conjunta de los estados afectados.

Es evidente que miles de familias en Kansas dependen de SNAP para satisfacer sus necesidades básicas, y cualquier interrupción en este servicio representa un riesgo significativo para la seguridad alimentaria en la región.